Condena extrema para una doctora por ejercer su derecho a la libertad de expresión

En un caso que destaca las preocupaciones sobre la libertad de expresión en Venezuela, Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médico de 65 años, ha sido condenada a 30 años de prisión por enviar un mensaje de voz a través de WhatsApp. Este mensaje, dirigido a sus vecinos en San Juan de Colón, hacía un llamado a votar en contra de Nicolás Maduro, responsabilizándolo de la grave crisis económica del país. En este artículo exploraremos los detalles de este caso, las implicaciones para los derechos humanos en Venezuela y cómo se refleja en el actual clima político del país.

Un mensaje con graves consecuencias

El 5 de agosto, ocho días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Orozco fue arrestada por la policía. Su hijo, Paul Ruiz, relata que un grupo de agentes llegó a su casa y le informó que la necesitaban para una entrevista, aunque no le informaron que estaba siendo detenida. Desde entonces, estuvo tres días sin que su familia supiera su paradero.

La grabación que envió Orozco llegó a manos de partidarios del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía, amenazándola con retirar beneficios como la caja de alimentos y la bombona de gas subsidiada. Este caso se inscribe dentro de un contexto más amplio de acciones legales contra ciudadanos que ejercen su libertad de expresión, un derecho que las autoridades venezolanas aseguran que “no es absoluto”.

El juicio y la condena

El pasado 16 de noviembre, la jueza Luz Dary Moreno Acosta sentenció a Orozco por traición a la patria, conspiración e incitación al odio. Durante el juicio, se alegó que sus llamamientos al voto en contra de Maduro ponían en peligro la paz del país. Ruiz explicó que su madre simplemente trató de motivar a la comunidad a actuar en defensa de sus intereses, sin incitar a la violencia.

“Ella no salió a las calles a tirar piedras ni a pedir una invasión extranjera”, declaró Ruiz, enfatizando que su madre no había cometido un delito. La condena se produjo en un contexto en el cual el gobierno venezolano vincula cualquier crítica abierta a su administración con posibles intervenciones externas.

El trasfondo de la condena

En marzo, la misma jueza negó la libertad condicional a Orozco, a pesar de que había sufrido un infarto, argumentando que existe riesgo de fuga y la posibilidad de que influenciara a los testigos. Además, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, había advertido que perseguirían a quienes aboguen por una intervención militar extranjera, lo que agrega un nivel extra de peligrosidad y tensión en el entorno político del país.

Consecuencias de la legislación contra el odio

El caso de Orozco no es aislado. La aplicación de la Ley Constitucional contra el Odio ha llevado a la detención de al menos 22 personas entre 2021 y 2023, donde se ha criticado su uso como método para silenciar opiniones disidentes. Esta legislación se basa en términos vagos, facilitando su uso para perseguir a críticos del régimen. Como resultado, muchos ciudadanos evitan hablar abiertamente sobre temas sensibles por temor a represalias.

La condena a Orozco ha sido recibida con críticas tanto a nivel nacional como internacional, indicando que refleja la falta de independencia del sistema judicial venezolano y su papel en la represión del disenso. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria De Mees, calificó la aplicación de la ley contra el odio como un mecanismo que restringe severamente la libertad de expresión.

Conclusión

La dura condena impuesta a Marggie Orozco pone en evidencia el clima hostil hacia la libertad de expresión en Venezuela. Este caso refleja la represión a la que se enfrentan muchos ciudadanos que intentan hacer oír su voz en un contexto político cada vez más restrictivo. A medida que el país continúa lidiando con una crisis económica y política, las historias como la de Orozco se convierten en un símbolo de resistencia y valentía en la búsqueda de justicia y libertad.

• Marggie Orozco fue condenada a 30 años de prisión por un mensaje de voz en WhatsApp.
• El caso resalta las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela.
• La legislación contra el odio se utiliza para silenciar a los críticos del gobierno.
• La condena ha sido criticada tanto nacional como internacionalmente por su falta de legitimidad.